Vale lembrar que, ao lado do controle difuso e do recurso extraordinário federal, a Reforma Constitucional de 1994 incorporou de forma expressa a garantia constitucional do amparo, nos seguintes termos:

“Art. 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio”.

Na conformidade do “Digesto de los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación – ensina FERNANDO N. BARRANCOS Y VEDIA, – publicación que como es sabido se encuentra a cargo del mismo Tribunal, clasifica las condiciones de procedencia del recurso extraordinario en requisitos comunes, requisitos propios y requisitos formales” ²².

“Los requisitos comunes son aquellos que corresponden en general a las apelaciones, que en el caso del recurso extraordinário presentan modalidades propias. Ellos se refieren a la intervención en la causa de un tribunal de justicia, la que debe haber tenido lugar en un juicio en el cual se haya discutido una cuestión justiciable; asimismo que la resolución recurrida cause gravamen y que subsistan los requisitos en el momento em que la Corte dicte sentencia, o sea que el pronunciamiento del Tribunal no se haya transformado en inútil por circunstancias sobrevinientes” ²³.

Não há dúvidas de que são os requisitos próprios aqueles que interessam mais diretamente e causam maior interesse.

Sobre eles, recorremos, novamente, a FERNANDO N. BARRANCOS Y VEDIA que os aponta em número de 3 (três), a saber: a) – Cuestión Federal; b) – Sentencia Definitiva; c) – Tribunal Superior.

“El primero es que en el pleito se haya debatido y decidido una ‘cuestión federal’”, assim definidas: “son esencialmente cuestiones de derecho, lo cual, lo cual, en princípio, excluye las cuestiones de hecho del examen y decisión de la Corte Suprema en ejercício de sua jurisdicción extraordinária” ²⁴.

Em se tratando de sentencia definitiva, diz BARRANCOS Y VEDIA de forma muito esclarecedora: “La primera parte del art. 14 de la ley 48 dispone: ‘Una vez radicado un juicio ante los tribunales de provincia, será sentenciado y fenecido en la jurisdicción provincial, y sólo podrá apelarse a la Corte Suprema de las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de provincia’… Tenemos así otros dos requisitos propios para la procedencia del recurso extraordinario: que la sentencia apelada sea ‘definitiva’ y que haya sido dictada por el ‘tribunal superior’ de la causa”.

E prossegue: “La Corte ha entendido que es sentencia definitiva la que: a) pone fin al pleito, o sea, resulve la controvérsia com fuerza de cosa juzgada, y b) la que impide la continuación del juício, privando al interesado de los médios legales para la tutela de su derecho. La jurisprudencia de la Corte, además, ha equipado a sentencia definitiva – a los efectos del recurso extraordinario – las decisiones que aun resolviendo cuestiones previas cusan un gravamen de insuficiente o imposible reparación ulterior” ²⁵.

Por fim, o Tribunal Superior, Respecto de la exigencia de que la sentencia apelada haya sido dictada por el ‘tribunal superior’ (art. 14, 1ª parte, ley 48), es jurisprudencia de la Corte que es tal el que ha decidido la cuestión federal em última instancia, es decir, sin recurso alguno para ante outro tribunal de la jurisdicción respectiva. Uma sentencia puede haber sido dictada por el tribunal superior llamado a entender en la causa y no ser definitiva, e inversamente, una sentencia puede ser definitiva y no haber sido dictada por el tribunal superior respectivo: en estos casos el recurso extraordinario no procede” ²⁶.

Encerrando a análise destes requisitos, restam aqueles denominados de formales e que ainda segundo BARRANCOS Y VEDIA, são dois: “1º) que la cuestión federal haya sido correcta y oportunamente planteada en la causa, y 2º) que el recurso extraordinario haya sido correcta y oportunamente interpuesto. El primero determina quiénes, en qué momento y en qué forma deben plantear la cuestión federal; asimismo requiere que esta sea mantenida en todas lãs instancias. El segundo determina quiénes pueden interponer el recurso extraordinario, así como la forma y término para interponerlo” ²⁷ – conclui ²⁸.

Com a intenção de chamar a atenção para a complexidade do tema, leia-se o que escreve AUGUSTO M. MORELLO no livro Constitución y proceso. La nueva edad de las garantias jurisdiccionales ²⁹, em capítulo intitulado Luces y Sombras en el Recurso Extraordinário, e ao tratar das Reglas y Excepciones. Corrimentos y Ajustes: “Importará destacar de manera muy señala que el ‘juício de admissibilidad’ es el talón de Aquiles del recurso extraordinário; la llave de acceso o de desestimación. Todavía cobra más significación ante la amplíssima discrecionalidad atribuída (por la ley 23.774) al Tribunal que hace que penda sobre la doctrina de la sentencia arbitraria uma contínua espada de Damocles y haga totalmente incerto su futuro. Hasta donde puede llegar la discrecionalidad de la Corte em la seleción de casos a ingresar?

Dudas que lejos de disiparse se acrescientan ante la vigencia de outro pesado comodín de descarte: solo ante la gran equivocación en los motivos de la sentencia podrá tener acogida formal la impugnación ganado un amplio frente de desestimación aquellas sentencias ‘simplemente equivocadas’ (merely wrong). Uma mezcla nada definida (en el marco de una ‘previsibilidad a la criolla’), de destreza, conocimiento acabado del tipo de asuntos que resulve el Tribunal y una gran cuota de suerte condicionan, por ende, lãs (castigadas) expectativas del recurrente”.

Dito tudo isto, cabe observar que atualmente, a Corte Supre de Justicia de la Nación aprovou a Acordada de 4/2007 (Expediente nº 835/2007) com o objetivo de regulamentar os requisitos formais para interposição do recurso de inconstitucionalidade bem como os “recursos de queja”, tudo conforme a análise que segue.

Inicialmente, vale chamar a atenção que a mencionada ‘Acordada’ ³⁰ está formada por 3 (três) seções, a saber:

a) - Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal;

b) - Reglas para la interposición de la queja por denegación del recurso extraordinario federal;

c) - Observaciones generales.

A primeira delas, ou seja, Reglas para la interposición del recurso extraordinario federal, inicia-se com a enumeração dos aspectos formais de apresentação do recurso, nos seguintes termos:

“1°. El recurso extraordinario federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a cuarenta (40) páginas de veintiséis (26) renglones, y con letra de tamaño claramente legible (no menor de 12).

Igual restricción será de aplicación para el escrito de contestación del traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”.

Na segunda prescrição, ainda desta primeira seção, determina-se a forma como deverá apresentar-se a folha de rosto, que “contendrá una carátula en hoja aparte en la cual deberán consignarse exclusivamente los siguientes datos:

a) el objeto de la presentación;

b) la enunciación precisa de la carátula del expediente;

c) el nombre de quien suscribe el escrito; si actúa en representación de terceros, el de sus representados, y el del letrado patrocinante si lo hubiera;

d) el domicilio constituido por el presentante en la Capital Federal;

e) la indicación del carácter en que interviene en el pleito el presentante o su representado (como actor, demandado, tercero citado, etc.);

f) la individualización de la decisión contra la cual se interpone el recurso;

g) la mención del organismo, juez o tribunal que dictó la decisión recurrida, como así también de los que hayan intervenido com anterioridad en el pleito;

h) la fecha de notificación de dicho pronunciamiento;

i) la mención clara y concisa de las cuestiones planteadas como de índole federal, con simple cita de las normas involucradas en tales cuestiones y de los precedentes de la Corte sobre el tema, si los hubiere; como así también la sintética indicación de cuál es la declaración sobre el punto debatido que el recurrente procura obtener del Tribunal; no se considerará ninguna cuestión que no haya sido incluida aquí;

j) la cita de las normas legales que confieren jurisdicción a la Corte para intervenir en el caso.”

Em seguida, estabelecem-se os aspectos materiais de fundamentação do recurso, como se vê:

“En las páginas siguientes deberá exponerse, en capítulos sucesivos y sin incurrir en reiteraciones innecesarias:

a) la demostración de que la decisión apelada proviene del superior tribunal de la causa y de que es definitiva o equiparable a tal según la jurisprudencia de la Corte;

b) el relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso que estén relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal, con indicación del momento en el que se presentaron por primera vez dichas cuestiones, de cuándo y cómo el recurrente introdujo el planteo respectivo y, en su caso, de cómo lo mantuvo con posterioridad;

c) la demostración de que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación;

d) la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas;

e) la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas”.

De destacar-se o conteúdo no item c, ao determinar que o impetrante terá de demonstrar “que el pronunciamiento impugnado le ocasiona al recurrente un gravamen personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación”.

Na segunda seção, estabelece ainda o documento as Reglas para la interposición de la queja por denegación del recurso extraordinario federal, como se vê:

“4°. El recurso de queja por denegación del recurso extraordinário federal deberá interponerse mediante un escrito de extensión no mayor a diez (10) páginas de veintiséis (26) renglones, y con letra de tamaño claramente legible (no menor de 12).

5°. Contendrá una carátula en hoja aparte en la cual deberán consignarse exclusivamente los datos previstos en el art. 2°, incisos a, b, c, d y e; y, además...”

Em seguida traz os aspectos materiais de fundamentação do recurso, na sequência dos requisitos fixados na seção anterior, que terminou na letra e aqui retomados a partir da letra f, como se vê:

“f) la mención del organismo, juez o tribunal que dictó la resolución denegatoria del recurso extraordinario federal, como así también de los que hayan intervenido con anterioridad en el pleito;

g) la fecha de notificación de dicho pronunciamiento;

h) la aclaración de si se ha hecho uso de la ampliación del plazo prevista en el art. 158 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;

i) en su caso, la demostración de que el recurrente está exento de efectuar el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.”

Em seguida, sob os números 6 e 7, e da mesma forma como foi feito em relação ao Recurso Extraordinário, a interposición de la queja exige alguns aspectos materiais de fundamentação do recurso, como se vê:

“6°. En las páginas siguientes el recurrente deberá refutar, en forma concreta y razonada, todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la resolución denegatoria.

El escrito tendrá esa única finalidad y no podrán introducirse en él cuestiones que no hayan sido planteadas en el recurso extraordinario.

7°. El escrito de interposición de la queja deberá estar acompañado por copias simples, claramente legibles, de:

a) la decisión impugnada mediante el recurso extraordinario federal;

b) el escrito de interposición de este último recurso;

c) el escrito de contestación del traslado previsto en el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación;

d) la resolución denegatoria del recurso extraordinario federal.

Con el agregado de las copias a que de refiere este artículo no podrán suplirse los defectos de fundamentación en que hubiera incurrido el apelante al interponer el recurso extraordinario.”

Por último, uma seção formada pelas Observaciones generales, que se compõem de 5 regras, numeradas de 8 a 12:

8°. El recurrente deberá efectuar una transcripción -dentro del texto del escrito o como anexo separado- de todas las normas jurídicas citadas que no estén publicadas en el Boletín Oficial de la República Argentina, indicando, además, su período de vigencia.

9°. Las citas de fallos de la Corte deberán ir acompañadas de la mención del tomo y la página de su publicación en la colección oficial, salvo que aun no estuvieran publicados, en cuyo caso se indicará su fecha y la carátula del expediente en el que fueron dictados.

10. La fundamentación del recurso extraordinario no podrá suplirse mediante la simple remisión a lo expuesto en actuaciones anteriores, ni con una enunciación genérica y esquemática que no permita la cabal comprensión del caso que fue sometido a consideración de los jueces de la causa

11. En el caso de que el apelante no haya satisfecho alguno o algunos de los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal y/o de la queja, o que lo haya hecho de modo deficiente, la Corte desestimará la apelación mediante la sola mención de la norma reglamentaria pertinente, salvo que, según su sana discreción, el incumplimiento no constituya un obstáculo insalvable para la admisibilidad de la pretensión recursiva.

Cuando la Corte desestime esas pretensiones por tal causa, las actuaciones respectivas se reputarán inoficiosas. Del mismo modo deberán proceder los jueces o tribunales cuando denieguen la concesión de recursos extraordinarios por no haber sido satisfechos los recaudosimpuestos por esta reglamentación.

En caso de incumplimiento del recaudo de constituir domicilio en la Capital Federal se aplicará lo dispuesto por el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

12. El régimen establecido en este reglamento no se aplicará a los recursos interpuestos in forma pauperis.

Fdo. : Dr. Lorenzetti, Dra. Highton de Nolasco, Dra. Argibay Dr.

Petracchi, Dr. Zaffaroni , Dr. Maqueda y Dr. Fayt (por su voto)

Dr. Cristian Abritta Secretario CSJN”

2. A tramitação legislativa da Repercussão Geral

Tal como foi visto no item anterior, o precedente portenho sobre a Repercussão Geral, bem como a dificuldade de sua compreensão e aplicação, cabe-nos chamar a atenção para a ‘evolução’ no tratamento que a matéria recebeu no Congresso Nacional, durante a denominada Reforma do Judiciário que, em sua versão inicial, na PEC 96, de 1992 não fazia qualquer referência à Repercussão Geral. Vale lembrar que a referida PEC, ao final da legislatura, foi arquivada sem que o parecer do relator, datado de 8 de agosto de 1996 fizesse qualquer sinal no sentido de modificar, neste sentido, a proposta do Dep. HÉLIO BICUDO.

Desarquivada em 1999, e tendo como relator-geral o Dep. ALOYSIO NUNES FERREIRA, foram criadas seis relatorias parciais, das quais coube ao Dep. RENATO VIANA a responsabilidade daquela referente à estrutura e competência do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Federal, surgindo neste instante a proposição da repercussão geral, nos moldes em que veio a ser promulgada.

Em parecer datado de 31.05.1999, o Relator-Geral (Dep. ALOYSIO NUNES FERREIRA) escreveu sobre a repercussão geral as seguintes considerações, aqui trazidas inclusive porque faz referência expressa à relevância, já acima assinalada neste estudo.

“Na mesma linha, procurando criar um filtro para os recursos de natureza extraordinária – diz o documento – reintroduziu-se a necessidade de demonstração da repercussão geral das questões constitucional e federal suscitadas nos casos, na hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial. É o que já chamamos de ‘relevância’ ou o que os argentinos denominam ‘transcendência’ da matéria”.

Em seguida, após fazer referências a dados estatísticos, diz o relatório: “Urge, portanto, o estabelecimento de filtros para tais demandas, sob pena de perpetuar-se essa situação de completa banalização da jurisdição extraordinária” ³¹.

Na conclusão, a proposta do Relator estava assim redigida: “no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal, em procedimento a ser disciplinado em seu regimento interno, examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (art. 102 § 4º).

Vale notar, por importante, que na proposta o procedimento para verificação da repercussão seria de responsabilidade do regimento interno do STF, enquanto que na proposta final aprovada ficou para ser verificada “nos termos da lei” (CF, art. 102, § 3º).

O parecer do dep. ALOYSIO NUNES não chegou a ser votado pela Comissão Especial ³², tendo sido designada para relatora-geral a Dep. ZULAIÊ COBRA que, em sua primeira versão (14.12.1999), manteve intacto o tratamento dado pelo relator anterior à Repercussão, porém, estendendo-a ao recurso especial e ao recurso de revista, o que não foi aceito pelo plenário da Câmara, tanto que seguiu para o Senado com a única previsão para o RE. Em 16.12.1999, via complementação de voto, a deputada a suprimiu a competência para que o RISTF regulasse o procedimento de verificação da repercussão geral.

Assim, ficou então a proposta com a seguinte redação: “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.

No Senado, não ocorreu qualquer modificação na proposta oriunda da Câmara, de tal forma que, aprovado o texto pelo plenário, veio a ser promulgado em 08.12.2004 (EC 45 – Reforma do Judiciário) ³³.

Cumpre observar que a criação de filtros é uma tendência do constitucionalismo contemporâneo, tanto que o Relatório-Geral do Dep. ALOYSIO NUNES FERREIRA (31.05.1999) faz referência ao modelo argentino.

Em última análise, há de ser considerado que o mencionado filtro tem uma natureza política, como entende JOSÉ MANOEL DE ARRUDA ALVIM, aqui trazido em citação de ATHOS GUSMÃO ³⁴: “A respeito do tema escreveu José Manoel de Arruda Alvim que a expressão ‘repercussão geral’ significa praticamente a colocação de um filtro, ou um divisor de águas em relação ao cabimento do recurso extraordinário, deixando de merecer julgamento os recursos não dotados deste atributo, ainda que formal e substancialmente pudessem ser aptos à admissão e ao julgamento. Refere o eminente processualista, com a costumeira propriedade, que o novo instituto se coloca como filtro de caráter político prévio à admissão, propriamente dita, do recurso extraordinário, e assim deverá permitir a admissão de recursos com a flexibilidade desejável, descartando aqueles recursos ‘que não mais tenham razão alguma de ser, senão uma insistência socialmente não desejável do recorrente, permeada por um animus lotérico”.

Por esta razão, observou LUIZ FUX ³⁵ que “o modelo no qual se inspirou o nosso legislador não é o europeu, como em geral verifica-se nos institutos processuais. Nesse particular, a nossa fonte é norte-americana e precisamente o judiciary act de 1789, que instituiu a competência da Corte Suprema para apreciar recursos de decisões ‘locais’ que violassem a ordem central”.

2.1. A repercussão geral no Recurso Extraordinário prevista no art. 102 § 3º da EC 45/2004 da CF e a Lei nº 11.418/06Feitas estas considerações de natureza

histórica, que vieram acompanhadas por comentários que trouxemos à colação sobre institutos que nos parecem precedentes do instituto da Repercussão Geral, passemos à sua análise, tudo com base no sistema constitucional vigente, ou seja, a EC 45/2004, art. 543-A e 543-B (acrescentados ao CPC pela Lei nº 11.418/2006), Regimento Interno do STF, na redação dada pelas Emendas Regimentais nºs 21, 22, 23 e 24 bem como pela Portaria nº 177 (26.11.2007).

Na redação dada pela EC 45/2004, cremos que o ponto capital sobre o Recurso Extraordinário, diz respeito, exatamente, ao conceito de repercussão geral que a referida EC conferiu ao Congresso Nacional a incumbência de conceituá-la através de lei.

Para tal, foi aprovada a Lei nº 11.418 (19.12.2006) que acrescentou à Lei n^o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, os arts. 543-A e 543-B.

Assim, de acordo com o caput do art. 543-A, “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo”.

Logo em seguida, no § 1º do mesmo artigo se lê:

“Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”.

Observa-se que não basta ser matéria constitucional, sendo necessário que esta matéria traga uma abrangência larga, atingindo interesses que vão além daqueles que pertencem às partes da relação processual. Pode-se mesmo dizer que há uma necessidade de que tais matérias sejam consideradas levando-se em conta os princípios constitucionais que se referem diretamente ao todo social, como, por exemplo, vida, liberdade, patrimônio, saúde. Isto é o que, exatamente, o que se deve ler no art. 543-A § 1º, em sua parte final: “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa”.

Por sua vez, na Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007 que alterou “a redação dos artigos 13, inciso V, alínea c, 21, parágrafo 1º, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328 e 329, e revoga o disposto no parágrafo 5º do art. 321, todos do Regimento interno”.

Assim, prescreve a nova redação do art. 322 (RISTF):

“O Tribunal recusará recurso extraordinário cuja questão constitucional não oferecer repercussão geral, nos termos deste capítulo.

Parágrafo único – Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes” ³⁶.

Neste emaranhado legislativo, um ponto no conceito de repercussão geral há de ser destacado, ou seja, em princípio, todo Recurso Extraordinário tem a ‘presunção’ da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, (daí não caber ao Tribunal a quo discuti-la), competindo apenas ao STF examinar a admissão do recurso, que somente poderá “recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”, de acordo com o art. 102 § 3º da CF.

Em artigo intitulado Argüição de (Ir)relevância na Reforma do Poder Judiciário ³⁷, JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JUNIOR, destacando a expressão “nos termos da lei” contida no atual art. 102 § 3º, observa que “o Regimento Interno do STF – que tinha sob a Constituição de 1967, força de lei – disciplinou a argüição de relevância em seus arts. 327 a 329. Tais dispositivos não estão mais vigentes. Isso porque o texto constitucional originário de 1988 não previa a argüição de relevância (o Regimento Interno do STF não foi, portanto, recepcionado no particular) e porque os arts. 327 a 329 não foram expressamente repristinados (revigorados) pela Emenda nº 45, de 2004.